El escándalo del indulto a Crousillat puede fácilmente ser el peor momento del segundo gobierno de Alan García. Es que si no queda como tonto por decir que fue burlado, queda como corrupto por conceder la gracia a un preso que no la necesitaba. El suceso permitió que se opinara sobre diversos temas relacionados, como la corrupción de los funcionarios encargados de evaluar los pedidos de indulto, la corrupción de la fuerza policial y la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori. Sin embargo, se ha prestado muy poca atención a los problemas existentes en el Reglamento de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por razones humanitarias.
A pesar de que la salud de Crousillat no estaba deteriorándose rápidamente, el ahora prófugo sí cumple uno de los cuatro requisitos necesarios para ser considerado un candidato de indulto humanitario, tiene más de 65 años.
Es necesaria la existencia del indulto por razones humanitarias, pero es también importante asegurarse de que este privilegio sea otorgado solamente cuando las condiciones de encarcelamiento ponen en peligro la vida del preso. Tener más de 65 años de ninguna manera amerita la gracia si se toma en cuenta que la esperanza de vida en el Perú es de 73 años (UNICEF, 2008) y hasta enero de 2010 cerca de 1050 presos en las cárceles peruanas tienen más de 60 años (INPE).
También las excepciones deben ser revisadas. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se creó la ley 28760, que excluye a los procesados por secuestro de recibir el indulto o la conmutación de la pena. Tal vez ha llegado el momento de ampliar esta ley, para que no solo los secuestradores pierdan este privilegio. Por ahora, el acceso a la gracia presidencial parece ser demasiado fácil. La existencia de la única excepción puede al menos calmar a quienes ven el ardid repetirse dentro de pocos años a favor de Alberto Fujimori, pues al haber sido encontrado culpable de secuestro no puede pedir indulto a menos que se modifique la norma.
Luciana Alva
miércoles, 24 de marzo de 2010
Fírmame, por favor
Durante las últimas semanas se ha discutido mucho sobre en quién recae la responsabilidad del indulto de José Enrique Crousillat. Unos dicen que es responsabilidad de la junta de médicos que certificó el estado de salud del ex broadcaster, otros que recae en manos del ahora ex ministro de Justicia, Aurelio Pastor y algunos más audaces piensan que fue una decisión política del Pdte. Alan García Pérez.
Debemos recordar que el Sr. Crousillat fue sentenciado a cumplir ocho años de prisión y una reparación civil de 80 mil soles por ‘asociación ilícita para delinquir’, debido a la relación “comercial” que mantuvo durante parte del gobierno de Alberto Fujimori. Relación que quedo al descubierto cuando el empresario negociaba con Vladimiro Montesinos los “honorarios” para mantener la agenda editorial de América Televisión a favor del gobierno.
Debatir si la decisión de García fue buena o no ya no vale la pena, ya que el ex broadcaster se encuentra prófugo de la justicia. El intento de Crousillat por recuperar el control de América Televisión (Canal 4) a través de una medida cautelar en Motupe resulta indignante. El indulto al empresario se consiguió gracias a una serie de desaciertos o visto desde la perspectiva de Crousillat de “una cadena de favores”, aunque preferiría decir de torpezas magistrales.
Resulta un acierto de Víctor García Toma, el nuevo ministro de Justicia, haber tomado la decisión de conformar una nueva Comisión de Indultos. Es importante, porque miramos el presente del magisterio. Pero qué hay de los indultos que ya fueron concedidos (que no son pocos), que a la fecha suman más de tres mil.
Lo que incomoda es que nadie se quiere hacer responsable, parece que todos tratan de disculparse sin decirlo en realidad o echándole la culpa a otros, ya que eso siempre resultara más fácil. Nadie es capaz de decir: “me he equivocado”, “Ha sido un error de mi parte”, “Fue una decisión difícil”, y mucho menos “Me responsabilizaré de mis actos”. Casi nunca hemos escuchado decir alguna de estas oraciones a cualquier político, nunca.
Y en lugar de eso prefieren dar argumentos injustificables, como el de Aurelio Pastor hace unos días: “Soy abogado, no soy médico”. Se entiende el sentido de su afirmación, pero su misma condición de abogado debería haberlo hecho mucho más experto al revisar un caso de indulto. Sobre todo tratándose de una persona a la que no se le puede creer, que ha mentido e encubierto por un gobierno como el de Fujimori. Y tiene responsabilidad, porque su firma estuvo dentro del proceso, al igual que la de los médicos y que la del mismo Pdte. Alan García.
Crousillat anda prófugo de la justicia, debido a que no se contrastaron sus documentos con la opinión de un especialista en salud como tercero. Sino que se acelero el proceso, confiando de buena fe en el “trabajo” previo de otros. Es lamentable que como en este tipo de casos, algunos peruanos sigan siendo “vivos”, que lástima que escatimen en esfuerzo para llevarse fácil las horas de trabajo, que dicho sea de paso, pagamos con nuestro propio esfuerzo.
No digo que no se indulte a nadie, tampoco va por allí el asunto. Sino que hay que ser sensatos, está bien, de acuerdo... perdonemos a una persona que ha fallado, equivocarse es de humanos. Pero lo que no podemos hacer es devolverle la confianza a esa persona. Tal vez lo apropiado en este caso hubiese sido cambiar su tipo condena al arresto domiciliario, que de hecho es una medida que se ha utilizado en otros casos.
Parece descabellado que algunas cosas sean más fáciles de firmar que otras. Espero que quede como ejemplo, no sólo para las personas que trabajan en nuestro aparato político, sino para todos. Siempre debes estar seguro de lo que firmas y porqué lo firmas, de esa manera será más fácil asumir la responsabilidad que lleva hacer una rúbrica. Así que sí es suyo pónganle su apellido.
Augusto V. Villarroel Napurí
Debemos recordar que el Sr. Crousillat fue sentenciado a cumplir ocho años de prisión y una reparación civil de 80 mil soles por ‘asociación ilícita para delinquir’, debido a la relación “comercial” que mantuvo durante parte del gobierno de Alberto Fujimori. Relación que quedo al descubierto cuando el empresario negociaba con Vladimiro Montesinos los “honorarios” para mantener la agenda editorial de América Televisión a favor del gobierno.
Debatir si la decisión de García fue buena o no ya no vale la pena, ya que el ex broadcaster se encuentra prófugo de la justicia. El intento de Crousillat por recuperar el control de América Televisión (Canal 4) a través de una medida cautelar en Motupe resulta indignante. El indulto al empresario se consiguió gracias a una serie de desaciertos o visto desde la perspectiva de Crousillat de “una cadena de favores”, aunque preferiría decir de torpezas magistrales.
Resulta un acierto de Víctor García Toma, el nuevo ministro de Justicia, haber tomado la decisión de conformar una nueva Comisión de Indultos. Es importante, porque miramos el presente del magisterio. Pero qué hay de los indultos que ya fueron concedidos (que no son pocos), que a la fecha suman más de tres mil.
Lo que incomoda es que nadie se quiere hacer responsable, parece que todos tratan de disculparse sin decirlo en realidad o echándole la culpa a otros, ya que eso siempre resultara más fácil. Nadie es capaz de decir: “me he equivocado”, “Ha sido un error de mi parte”, “Fue una decisión difícil”, y mucho menos “Me responsabilizaré de mis actos”. Casi nunca hemos escuchado decir alguna de estas oraciones a cualquier político, nunca.
Y en lugar de eso prefieren dar argumentos injustificables, como el de Aurelio Pastor hace unos días: “Soy abogado, no soy médico”. Se entiende el sentido de su afirmación, pero su misma condición de abogado debería haberlo hecho mucho más experto al revisar un caso de indulto. Sobre todo tratándose de una persona a la que no se le puede creer, que ha mentido e encubierto por un gobierno como el de Fujimori. Y tiene responsabilidad, porque su firma estuvo dentro del proceso, al igual que la de los médicos y que la del mismo Pdte. Alan García.
Crousillat anda prófugo de la justicia, debido a que no se contrastaron sus documentos con la opinión de un especialista en salud como tercero. Sino que se acelero el proceso, confiando de buena fe en el “trabajo” previo de otros. Es lamentable que como en este tipo de casos, algunos peruanos sigan siendo “vivos”, que lástima que escatimen en esfuerzo para llevarse fácil las horas de trabajo, que dicho sea de paso, pagamos con nuestro propio esfuerzo.
No digo que no se indulte a nadie, tampoco va por allí el asunto. Sino que hay que ser sensatos, está bien, de acuerdo... perdonemos a una persona que ha fallado, equivocarse es de humanos. Pero lo que no podemos hacer es devolverle la confianza a esa persona. Tal vez lo apropiado en este caso hubiese sido cambiar su tipo condena al arresto domiciliario, que de hecho es una medida que se ha utilizado en otros casos.
Parece descabellado que algunas cosas sean más fáciles de firmar que otras. Espero que quede como ejemplo, no sólo para las personas que trabajan en nuestro aparato político, sino para todos. Siempre debes estar seguro de lo que firmas y porqué lo firmas, de esa manera será más fácil asumir la responsabilidad que lleva hacer una rúbrica. Así que sí es suyo pónganle su apellido.
Augusto V. Villarroel Napurí
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